Señor Director General
Gas Natural
Las organizaciones abajo firmantes queremos expresarles nuestra preocupación por
la grave situación que las filiales de Unión Fenosa (de la que Repsol y la Caixa
son propietarias a través de Gas Natural) e IBERDROLA están generando en
Guatemala.
El próximo 8 de julio diversas organizaciones centroamericanas han convocado una
jornada de lucha para denunciar la actuación de las transnacionales españolas
Unión Fenosa e Iberdrola, que durante más de 10 años han cometido serios abusos
de poder y violaciones de los derechos humanos y civiles de la población
guatemalteca, por lo que exigen la salida del territorio guatemalteco de dichas
transnacionales y la nacionalización de los servicios eléctricos.
En la denuncia que realizan estas organizaciones sobre la actuación de Unión
Fenosa e Iberdrola se afirma:
1.- QUE dichas empresas obtuvieron del Gobierno del presidente Álvaro Arzú un
trato de favor que implicó la privatización de la distribución de la energía
eléctrica y la venta a Unión Fenosa e Iberdrola de los activos del Instituto
Nacional de Electricidad (INDE), valorados en 250 millones US$, por solo 101
millones US$.
2.- QUE en 1999 y a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE),
dichas empresas empezaron a cobrar el impuesto conocido como VAD (Valor Agregado
de Distribución), forma disimulada de justificar sus ganancias; y que por de
dicho VAD, IBERDROLA cobra en concepto de ganancia alrededor de 140 millones US$
y Unión FENOSA cerca de 260 millones US$ anuales.
3.- QUE en noviembre del 2004, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala
determinó que el VAD era ilegal y ordenó la destitución de los miembros de la
Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la devolución a todos los usuarios de
los cobros ilegales que dichas empresas españolas habían recaudado, y la
suspensión inmediata de los cobros ilegales. Y que de dichos mandatos, sólo el
primero se ha cumplido, pues el dinero no se ha devuelto y el VAD se sigue
cobrando.
4.- QUE cuando ha habido protestas de la población por estos cobros que la
sentencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró ilegales,
dichas empresas han solicitado y recibido plena colaboración de las autoridades
públicas para reprimir a las organizaciones ciudadanas que cuestionan su
presencia en el país (Malacatán, 25 de diciembre del 2008), con suspensión de
las garantías constitucionales (San Juan Sacatepéquez, Izabal, Coatepeque y
Huehuetenango).
5.- QUE Unión FENOSA ha abusado de las facultades que le confiere la Ley,
inventándose multas, alterando lecturas de contadores y facturando cobros por
servicios inexistentes.
6.- QUE ante la reacción popular en contra de su presencia, Unión FENOSA se ha
tomado la libertad de adoptar represalias en contra de la población, como es
cortar los servicios que debería prestar y dejar a municipios enteros sin
energía eléctrica, con pérdidas que incluyen miles de vacunas destinadas a los
niños (hospitales y centros de salud de varios municipios del departamento de
San Marcos).
7.- QUE dicha empresa española ha acusado al Gobierno ante los tribunales
internacionales, amparada en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos
y en el hecho de una de sus empresas asociadas (Teco Energy) tiene su sede en
Miami, con el argumento de que el Gobierno pretende recortar sus beneficios.
Ante estas preocupantes informaciones por lo que representan las actuaciones de
estas empresas en un país con un elevadísimo índice de pobreza, queremos
manifestar que cualquier actuación de las empresas transnacionales españolas ha
de ser respetuosa con los derechos humanos, sociales y civiles de la población y
ajustarse la legalidad.
Asimismo, queremos manifestar que nos solidarizamos con la denuncia de estas
organizaciones y apoyamos sus reivindicaciones de que Unión Fenosa salga de
Guatemala, pues consideramos que las políticas de las transnacionales españolas
son perjudiciales para la población guatemalteca, obedecen a una política de
máxima ganancia a expensas de los derechos humanos y civiles más elementales, y
para nosotros son inaceptables.
Valencia , 8 de julio de 2009